Bolivia no es un fabricante de automóviles, su parque automotor se enriquece gracias a la importación de motorizados nuevos, semi nuevos y usados. Se calcula que cada año la importación de vehículos supera los 1.000 millones de dólares americanos, hecho que permite al sector automotriz aportar en mayor grado a la economía nacional.
Gracias a la inversión que realizan las casas importadoras y aquellas empresas ligadas a las mismas, la población nacional está inmersa en el mundo de los autos y sus diferentes ofertas.
En base a información del Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT), el Instituto Nacional de Estadística (INE) reportó que a 2018 el parque automotor en Bolivia alcanzó a 1.910.127 vehículos, cantidad superior en 6,1% a la registrada en 2017, cuando llegó a 1.800.354 unidades.
En Bolivia, 92,8% del parque automotor se registró como Servicio Particular; el Servicio Público es el segundo, con una participación de 5,5%. Por su parte, el Servicio Oficial alcanzó a 1,8%.
A 2018, el departamento de Santa Cruz registró 647.028 vehículos, equivalente a 33,9% del total; le sigue La Paz con 449.945; y Cochabamba con 410.391 unidades. Estos departamentos concentraron 78,91% del total del parque automotor a nivel nacional.
Importación de vehículos:
De acuerdo a información de la Cámara Automotor Boliviana, durante el primer semestre de 2018 ingresaron 22.489 unidades nuevas y 5.418 antiguas.
Estadísticas del IBCE revelan que los nueve departamentos realizan importaciones de vehículos; sin embargo, la mayor parte se concentra en el eje central.
En 2016, La Paz fue el mayor importador de motorizados, con 467 millones de dólares; seguido por Santa Cruz, con 416 millones; y Cochabamba, con 128 millones de dólares.
La realidad del sector también muestra que la cantidad de motorizados importados por los llamados “grises” se mantiene todavía en un nivel alto, aprovechando que la Ley 821 de 2016 ha permitido a este segmento poder importar sin la exigencia de la Licencia previa, que ya es un requisito para aquellos vehículos nuevos, con las restricciones y limitantes relativas a las dificultades que significaba administrar volúmenes en almacenes aduaneros por un tiempo no mayor a sesenta días.
En el tema de importaciones, el contrabando es uno de los grandes problemas para la industria automotriz boliviana y, probablemente, una de las causales de este fenómeno es la dificultad que existe para importar en el país.
Los llamados grises se han organizado en “bandas delictivas” que aprovechan el descontrol, la permisividad en Iquique – Chile, y las desactualizadas normas bolivianas, como el D.S. 2130 que obliga a los vendedores de vehículos nuevos a extender las garantías de los fabricantes por 100.000 Km. o tres años, lo que venza primero, cumpliendo con un adecuado y obligatorio servicio postventa, y disposición de repuestos en almacenes, proporcionalmente a las ventas. Estas exigencias no son extendidas en la realidad a los importadores grises.
La Resolución Administrativa 94/2016.- obliga al vendedor a publicar y registrar en contratos de venta los beneficios que tiene el cliente al hacer su compra, y firmar la constancia de lectura de la norma, exponiendo que conoce sus derechos. Esta exigencia tampoco la practican con los importadores grises.
Además, se obliga a los vendedores de vehículos a garantizar como representante de la marca a cualquier automóvil vendido de la misma, aunque no haya sido vendido en el concesionario o los servicios de mantenimiento los hubiese efectuado el dueño del coche en otros talleres no autorizados.
Claro está que los grises no tienen este problema porque la mayoría vende sin facturar, mediante un sistema de importación directa donde hacen figurar al comprador como si fuera el importador, haciendo que éste asuma toda la responsabilidad del vehículo.
Un importador boliviano legal con representación de marca tiene una estructura de costos y gastos administrativos y financieros que no tiene el importador “gris”.
Lamentablemente, Iquique se constituyó en el centro de organizaciones especializadas en crear estructuras de lavado de dinero, habilitación de vehículos fabricados para otras plazas para perforar la legislación boliviana, comercializándolos en el país con precios inferiores a los de los mismos representantes de marca, y con los procedimientos de sub-facturación.
Impacto del contrabando:
Según información de la CAB, los importadores grises legalizan algunas operaciones fraudulentas a través de subfacturaciones que generan una evasión fiscal de, aproximadamente, $us 100 millones, sin considerar evasiones también denunciadas por otros u$s 100 millones por evasión impositiva en ventas. Otro tema es la entrada de los autos “chutos” de contrabando a través de la frontera con Chile. Del total de ventas efectuadas a países extranjeros por la Zona Franca de Iquique (ZOFRI), que llega a u$s 1.526 millones, u$s 749 millones son para Bolivia y, de este monto, el 31% corresponde al sector automotriz.
Créditos: Grupo Nueva Economía
