En Argentina, la pericia de verificación física del automotor a lo largo del tiempo, y desde su existencia ha sido MONOPOLIZADA, en sus principios por el Ejercito, después Gendarmería, hasta hace muy poco por la policía Federal y en la actualidad por las policías provinciales, aludiendo que esto garantiza transparencia y seguridad en la observancia de las identificaciones del automotor para los tramites registrales.
Así como el usuario de vehículos automotores, busca a tal o cual escribano u opta por el encargado del registro seccional para certificar firmas; o elige si realizar el trámite administrativo por motu proprio, o por interpósita persona (gestor – mandatario), y en el caso de querer homologar su tráiler tiene la alternativa entre los ingenieros mecánicos de lista en la ANSV (Agencia Nacional de Seguridad Vial). Entre otros ritos administrativos registrales donde se necesita asistencia de profesionales especializados. En la pericia de verificación física del automotor, el usuario debería contratar el perito de su preferencia, en el caso que quiera asegurarse la licita adquisición de un automotor.
El anteproyecto del Registro Único Nacional Digital (RUNDA), plantea esta posibilidad:
ELIMINACION DE REQUISITOS
«La modificación del sistema de registración automotor y la creación de un Registro Único Nacional Digital (RUNDA), contiene además la simplificación y eliminación de algunos requisitos que a lo largo de los años se fueron agregando, como condición para hacer efectivo el trámite de inscripción inicial o transferencia de usados, que, si bien fueron pensados como herramientas de prevención de siniestros o de delitos, pesan sobre los costos de tramitación y trasladan al ciudadano la ineficiencia del Estado que debería ser con su poder de policía, quien procurara que las acciones que se pretende prevenir o evitar que no se lleven a cabo . Me refiero a la obligación del grabado de cristales y autopartes y verificaciones policiales. Respecto al grabado de auto partes y cristales, resultan obligaciones a cargo del ciudadano que encarece los costos del trámite de registración, que no representa, una solución integral al delito que se pretende prevenir, que podrían subsanarse con adecuados controles en la vía pública, cuya ejecución corresponde a las autoridades de tránsito respectivas«. Terminando con los turnos de 30 a 40 días, aranceles descoordinados y excesivos, servicio de pésima calidad, falta de formación de los peritos y estos cumpliendo una función para la cual el estado no les paga. Por ello y por lo que a continuación sigue, es imperativo la desmonopolización de la pericia de verificación física de los automotores.
Por Fabricio Abasto*
EL MERCADO NEGRO DEL SISTEMA RECAUDATORIO
En las grandes urbes las plantas verificadoras con una afluencia considerable de vehículo que deben cumplimentar dicho trámite, han sabido orquestar un sistema recaudatorio interno y externo… ¿Como es esto?; se verifican más autos de los que por cantidad de «Peritos» en un tiempo estándar de 15 minutos por auto podría verificarse, llegamos a contabilizar un auto cada cuarenta segundos en la ciudad de Rosario (Dos para el libro Guinness), más las verificaciones externas que no se declaran, y el enjambre de sanguijuelas oportunistas, coleros, turnero, quien llena el formulario, quien los vende, el que graba cristales, RPA, el que lava motores, quien te hace la «pericia» de revenido químico por oxidación natural, y un largo etcétera, quienes al final del día comparten sus dádiva, con «el rey de la Salada», perdón, me confundí de Castillo, este es el rey de las plantas. Y si no preguntémosle a Alberto Miranda, otro que Josesito, revoleando bolso, siendo el jefe de todas las plantas verificadoras de la provincia de Buenos Aires, quien manejaba la friolera de treinta millones de pesos anuales, hoy tres mil, que se mueven en la absoluta clandestinidad. (Formularios truchos, Verificaciones truchas…). Y qué decir de Miguel Muñoz el jefe de la División Automotores de la Policía Federal Argentina. (Detienen al Jefe de Automotores de la PFA). Cerrarme la 8, el ultimo que apague la luz.
EL MERCADO BLANCO DEL SISTEMA RECAUDATORIO
A menudo calcular el precio de venta de un servicio suele ser extenuante, máxime teniendo en cuenta que las variables de nuestra economía se modifican todos los días. El tiempo que se invierte (recurso no renovable), el grado de conocimiento, los impuestos deducibles a las ganancias, como ítems principales. Ahora bien; ¡¿el área donde dependen las plantas verificadoras hace este esquema de división ocupacional para determinar el precio del servicio?! Y si lo hacen, porque algunas provincias cobran un disparate, u otras algo irrisorio, también convengamos que las menos tienen un costo razonable.
Tiempo invertido: Los «peritos» (Policías) cobran sueldo que los paga el estado con los impuestos de los ciudadanos, para que ese policía nos cuide, y termina haciendo una labor específica para lo cual se recauda y de donde no sale el sueldo del funcionario. Tiempo invertido para unos pocos, tiempo perdido para los ciudadanos de a pie, que no contamos con ese policía de seguridad haciendo prevención. En el peor de los casos, como la provincia de Buenos Aires que regentea el servicio una empresa privada, con empleados estatales, una bicoca.
Grado de conocimiento: Si los «peritos» no buscan por sus propios medios Institutos de formación, pagando de su bolsillo, para brindar un servicio que no van a cobrar; el ejecutivo no los forma, y si bien es cierto que la mayoría incurre en faltas y/o delitos por acción, en menor porcentaje, pero no menor lo hacen por omisión. Mas adelante daremos detalle.
Impuestos deducibles: Las plantas no tributan, no entregan factura por servicio, ni siquiera están habilitadas por los municipios, no cuentan con el permiso de las Direcciones de Habilitaciones de Comercio, porque en definitiva es un comercio. Pero sí, el ejecutivo municipal es muy riguroso con quien cuenta con un taller mecánico que vende su servicio, y ni hablar de ARCA e ingresos brutos.
Y si le podemos anexar un currito más como ser el grabado de autopartes, que en la provincia de Córdoba se suspendió la ley, y se echó a la empresa GrabaBus, donde el Diputado Dr. Miguel Montoya explico claramente que el único organismo que debe identificar las autopartes es la DNRPA y CP (Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios), y lo hace por intermedio del RUDAC (Registro Único de Desarmaderos y Actividades Conexas) mediante sus elementos identificatorios, «lo que se le cobra al usuario es una exacción ilegal» sig., pero pareciera que Córdoba es otro país. (Montoya: El usuario paga una exacción ilegal).
«La teoría sin la práctica no sirve de nada. Pero, cuando ambas se unen, uno puede cambiar su realidad o la de alguien más».
También es cierto que no tiene éxito el más experimentado, sino quien tenga la capacidad de experimentar. Experimentemos entonces.
Bajo esos preceptos, groseros errores se han cometido por parte de los «peritos» que conforman este MONOPOLIO, la idea no es cargar las tintas sobre los colegas, ellos saben que hago una defensa acérrima de la profesión y de los profesionales en la materia, pero hay que separar la paja del trigo. La falta de formación multidisciplinaria en la materia hace que los «dictámenes» periciales, en su mayoría, perjudiquen a los ciudadanos, y son pasible de nulidad absoluta cuando se va a la contraria como asesor técnico o perito de partes.
Para citar algunos casos: Fallo de Cámara Nº 4.708 Benitez Walter C/Ministerio de Seguridad Pcia. Bs. As.
Aduna que “…Ello obligó a la Sra. Fiscal (a) derivar la causa a la Dirección de Prevención de delitos contra la Propiedad Automotor (fs.86). A raíz de ello, el perito verificador Pablo Alberto Méndez concluyó ‘…Por todos los fundamentos vertidos, se puede dictaminar que en base a los informes y conclusiones de las pericias obrantes en autos, que no existirían indicios de la existencia de maniobra ilícita respecto de la numeración del motor del vehículo secuestrado…’…”, y sostiene que “…Para arribar a tal conclusión este nuevo experto designado en autos tuvo en cuenta la misma circunstancia que, meses atrás, el perito de parte Fabricio Abasto había expuesto, esto es que ‘…Efectivamente los motores marca Maxion cuyo origen es decir, su fabricación, resultan ser llevados a cabo en la República Federativa de Brasil, poseen en este tipo de modelo, entiéndase en las camionetas marca Chevrolet modelo S 10, con año de fabricación correspondiente al año 1997, el acuñado del motor efectuado en forma manual o comúnmente llamado a mano alzada…’…” (los destacados pertenecen al original) El fallo completo.
No solo en el fuero Penal quedo expuesto el hoy Mayor Lazaro Yaryura «Perito» de la planta de pergamino Bs. As., sino también en el fuero civil, donde el ejecutivo tuvo que indemnizar su torpeza. Quien, sin asombrarme, sigue siendo el jefe de la planta, con dos jerarquías más, desde aquel momento.
En autos caratulados «División Transito Urbano y Vial – Sáenz Peña S/Secuestro Expte. 6868/2021-2. Fiscalía de Investigación Penal N° 1 Roque Sáenz Peña Chaco. También corre con el mismo animo que el anterior.
RESOLUCIÓN DE FISCALÍA POR CONFLICTO DE IDENTIFICACIÓN EN PLANTA MOTRIZ.
CONTEXTO, el perito Oficial de la planta de Saladillo provincia de Bs. As. consulta la identificación de una planta motriz nueva con certificado de fábrica, que «posee» solicitud de incautación por delito, omitiendo en el pedido de secuestro del automotor por numeración de motor, la codificación del tipo que posee el motor marca Isuzu, con el cual se dotaron a las Chevrolet LUV chilenas, comparándolo con un motor marca AUTOLINEA de seis cilindros, dos cilindros más, mucho más robusto, y que de ninguna manera podría ser instalado en una Chevrolet LUV. Inaudito. Por supuesto sigue en funciones. (Alegato).
CÁMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III Causa 2.716/05 “Ortigosa Carlos Rodrigo c/ Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Cred. y otros s/ daños y perjuicios”.
…En lo que aquí interesa, el actor promovió demanda en subsidio de daños y perjuicios contra el señor Taccari y la Dirección Nacional de los Registros del Automotor a fin de que se los condene a indemnizarle los daños derivados del irregular accionar que les endilga a los demandados en oportunidad de llevarse a cabo la verificación policial del auto identificado como Chevrolet Astra, modelo 2000, 1.8G. chapa patente DMP 983. En este sentido, está probado que antes de abonarle el precio del automóvil (21.000 pesos), el señor Ortigosa le requirió a la vendedora el comprobante de la verificación física del automotor, diligencia que fue llevada a cabo por parte del perito verificador Osvaldo Taccari, sin que conste que haya detectado observación alguna. (Fallo).
EL 12 Y LOS COMERCIANTES HABITUALISTAS
Huelga referirme a los «peritos» de las concesionarias de autos (art. 5 Ley 6.582/58), y cooperadores de Aduana, quienes no solamente son faltos de idoneidad, sino que ni siquiera han rozado la profesión, seria utópico pensar que pecara de escribano en los comercios habitualitas el mandatario, el contador o el ingeniero, que en su cargo de jefe de gestores, gerente de administración, o jefe de taller respectivamente, firman las solicitudes tipo 12 muy sueltos de cuerpo, por la sola potestad que le da el Digesto de Normas Técnico Registral, como patente de corso; quienes para los que nos rompimos el alma en prepararnos y defender la profesión de Peritos Verificadores, son nada más que piratas con chapa. Vemos con simpatía las Disp. 181/2024. Si la realizamos los profesionales en la materia, como empleados calificados o tercero contratados por las concesionarias. Quienes tenemos una trayectoria y un respaldo institucional detrás.
LA FABRICACIÓN NACIONAL Y LAS DISTRIBUIDORAS
Sabido es que la falta de comunicación entre el área ingenieril y la administrativa de las compañías fabricante de automotores, a veces o en su mayoría no suele ser fluida. Esta situación trae grandes inconvenientes, atento que en los certificados de fábrica no suelen reflejar las codificaciones de identidad del automotor, suelen estar cambiadas, regularmente no coinciden, o les faltan alfanúmeros, como el caso del fabricante Scania que por política interna solo coloca de los 17 dígitos del código VIN, los últimos ochos que representan al VIS; estos son copiados en la solicitud tipo 12 del comerciantes habitualitas, porque verificarlos ni de casualidad; y es ahí donde empiezan las peripecias. Si el fabricante, el distribuidor, o el concesionario contarían con un PERITO, el usuario se ahorraría tantos dolores de cabeza.
LA ADUANA Y LOS IMPORTADORES
Al igual que lo anterior, pero en este caso con los vehículos importados, si se capacitasen los técnicos de aduana, como lo ha hecho recientemente Bolivia, viendo la necesidad imperiosa de tener técnicos especializados, ya que en ese país la importación de vehículos representa el 98% de su parque automotor, importando algo más de 186 marcas. De las importadoras, o de las concesionarias, el usuario, que dicho sea de paso es el eslabón más débil de la cadena, no sufriría los desatinos de los que tienen la obligación de asentar muy bien las respectivas identificaciones de los automotores.
CONCLUSIÓN:
Quiero especificar, que los peritos privados somos más idóneos que los oficiales, No o Si, no sé, permítanme el beneficio de la duda. La realidad que en todos los caso subrayados, si no paga el estado los yerros periciales, paga la DNRPA y CP, en conclusas palabras, pagamos nosotros, en el caso del ejecutivo, con los impuestos de los ciudadanos, en el caso de DNRPA, los usuarios de automotores que participamos del sistema registral, los cuales como ente de regulación deberían arbitrar todos los medios y mecanismos para justificar habitualmente la idoneidad de los peritos de planta, e inclusive exigir peritos bien formados a los comerciantes habitualitas, aduana que como párrafo aparte hacen (Uso y abuso del código RPA), talleres de RTO, etc., pero para eso también deben tener profesionales idóneas en la oficina de verificaciones de la DNRPA, que puedan certificar a los peritos. Lo más correcto, apropiado y lógico es que DESMONOPOLICEN la pericia en la solicitud tipo 12, y permitan que peritos privados puedan participar del sistema registral, inscriptos y controlados periódicamente en nuestros estudios, que tributamos a ARCA, Ingreso Bruto y municipios; y en el peor de los casos, si nos equivocamos, respondemos con nuestros bienes y no con el bolsillo ajeno.
*presidente de CIDePA.
